El plan alternativo del Gobierno ante el Congreso y los juristas
Pese a los resultados de las elecciones, Javier Milei sigue firme en su posición. El Congreso ha insistido en la ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta fines de 2026, y desde la Casa Rosada se ha dejado entrever que el Presidente buscará judicializar esta medida. Expertos en la materia aseguran que, a menos que Milei obtenga una medida cautelar, no tiene otra opción que poner en marcha la ley. Por otra parte, en el Ejecutivo están considerando “dejarla morir” como alternativa. Mientras tanto, la oposición no se queda atrás y amenaza con remover al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Todo este enredo comenzó el lunes, cuando el Senado notificó a la Casa Rosada sobre la insistencia del Congreso en esta iniciativa, que ya había sido discutida en Diputados a principios de año. Con este respaldo, la ley ya se transformó en tal conforme al artículo 83 de la Constitución Nacional. La comunicación llegó a Balcarce 50 después de que la semana anterior, el Senado la ratificara con una amplia mayoría de 63 votos a favor y solo 7 en contra.
¿Y qué dice el artículo 83? Este establece que si un veto presidencial es superado por ambas Cámaras con la misma mayoría, el proyecto se convierte en ley y pasa al Ejecutivo para su promulgación. En palabras de los abogados constitucionalistas Andrés Gil Domínguez y Diego Armesto, esto significa que el Ejecutivo no tiene margen de maniobra.
Gil Domínguez enfatiza que Milei está obligado a promulgar y publicar la ley en el Boletín Oficial, que tiene como uno de sus principales impulsores al diputado Daniel Arroyo, de Unión por la Patria. Por su parte, Armesto menciona que cuando el Legislativo insiste en un veto, el Presidente no tiene otra opción que promulgarla.
La única salida que le queda a Milei es acudir al Poder Judicial y tratar de conseguir una medida cautelar que lo exima de aplicar la ley. Mientras tanto, esta debería estar en vigencia. Pero, como un abogado constitucionalista comentó de manera jocosa, “hay que ver si Maraniello está de turno”, refiriéndose al juez que frenó la difusión de los audios relacionados con la hermana del Presidente.
“¿A quién va a demandar?”, se preguntó Gil Domínguez. “¿Al Congreso? ¿Por ejercer funciones propias?”, continuó. Armesto ha afirmado en más de una ocasión que la Corte “ya lo ha dicho: no interviene en decisiones de otros poderes”.
Discapacidad: el plan B
Como mencionó Arroyo tras la insistencia del Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, debería tomar cartas en el asunto y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para que la ley se implemente. También deben actualizarse los nomencladores correspondientes.
Sin embargo, el Ejecutivo se encuentra en un dilema. Si decide reasignar esas partidas, estaría reconociendo, de alguna forma, la vigencia de una ley que Milei rechaza. Por eso, una opción que se discute en la Rosada es la de reglamentar la ley de tal manera que “no se pueda aplicar”.
Si Milei y Francos deciden no implementar la reasignación presupuestaria, podrían enfrentarse a denuncias ante la justicia por incumplir con sus deberes. Además, como destacó el diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, el Congreso podría actuar al respecto, especialmente en lo que respecta a Francos, quien es responsable de la administración general del país.
Agost Carreño recordó en Twitter que “el Congreso dejó sin efecto el veto a la Ley de Discapacidad. El Jefe de Gabinete tiene la obligación de reasignar las partidas conforme a la ley”. Añadió que si no lo hace, podrían interpelarlo o incluso aplicar la moción de censura prevista en el Art. 101 de la Constitución Nacional. Destacó su confianza en que cumplirán con la ley, más allá de la comunicación del Gobierno.
Arroyo también dejó claro ante su comisión que estará haciendo un “seguimiento permanente para garantizar que la ley se implemente”.